Publicado el 15/06/2025 por Administrador
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La administración del presidente Donald Trump evalúa una ampliación significativa de su política migratoria más controvertida: el veto de entrada a ciudadanos extranjeros. Un nuevo memorando filtrado desde el Departamento de Estado revela que hasta 36 países podrían ser incluidos próximamente en la lista negra de restricciones migratorias a Estados Unidos, intensificando aún más las medidas que ya afectan a decenas de naciones.
El documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, da un plazo de 60 días a estos países para que cumplan con una serie de requisitos migratorios. De lo contrario, podrían enfrentar suspensiones parciales o totales en la emisión de visados y permisos de entrada. Entre las razones citadas se incluyen la falta de cooperación en procesos de deportación, deficiencias en la verificación de identidad, altos niveles de permanencias ilegales y, en algunos casos, preocupaciones sobre vínculos con el extremismo.
La medida afectaría principalmente a países de África, Asia y el Caribe. Entre los señalados se encuentran Nigeria, Camerún, Burkina Faso, Gabón, Angola, República Democrática del Congo, Túnez, así como Antigua y Barbuda, Camboya, Kirguistán, Vanuatu, Tuvalu y Tonga, entre otros. Aunque la lista final aún no es pública, fuentes diplomáticas confirman que se trata de un grupo diverso de países considerados de “alto riesgo migratorio”.
Esta acción se sumaría al veto anunciado por el gobierno el pasado 4 de junio, que ya impide el ingreso de ciudadanos provenientes de 12 países, incluidos Afganistán, Irán, Siria y Yemen. También existe una restricción parcial para otras siete naciones. Si la nueva propuesta se materializa, el número total de países con vetos podría duplicarse.
Desde la Casa Blanca, la justificación gira en torno a la “seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio estadounidense”. Voceros oficiales aseguran que el objetivo es ejercer presión diplomática para que los países colaboren con procesos de deportación y mejoren sus sistemas de control fronterizo.
Sin embargo, la medida ya ha generado fuertes críticas en el ámbito internacional. Algunos gobiernos han calificado la propuesta como discriminatoria y desproporcionada, mientras que organizaciones de derechos civiles en EE. UU. la tildan de “xenófoba” y basada en criterios políticos antes que en hechos objetivos.
El impacto no sería únicamente diplomático. De concretarse, esta ampliación del veto afectaría miles de solicitudes de visado, frenaría intercambios educativos y culturales, y podría golpear las relaciones comerciales bilaterales con países que tienen importantes comunidades en suelo estadounidense.
Analistas señalan que esta decisión podría tener también un trasfondo electoral, reforzando el discurso de Trump ante su base conservadora de cara a las elecciones de noviembre. La política de “mano dura” contra la inmigración ha sido uno de los pilares de su gestión desde su llegada a la presidencia en 2016.
Por ahora, los gobiernos incluidos en la lista tentativa tienen dos meses para responder con planes concretos que mitiguen las preocupaciones de Washington. De lo contrario, sus ciudadanos podrían quedar vetados de manera indefinida para ingresar a Estados Unidos, sumándose a una lista que, cada vez más, se convierte en una herramienta geopolítica.
