Publicado el 04/08/2025 por Administrador
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El presidente argentino Javier Milei vetó este lunes las leyes aprobadas por el Congreso que disponían un aumento del 7,2 % a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2027. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, ha desatado una ola de críticas desde la oposición, organizaciones sociales y sectores directamente afectados.
Con un mensaje tajante —"no hay plata"— Milei justificó el veto asegurando que el paquete de medidas carece de respaldo presupuestario y representa un serio riesgo para el equilibrio fiscal. Según el Ejecutivo, implementar los aumentos y beneficios implicaría un gasto superior al 1,5 % del PIB en los próximos dos años, lo que podría obligar a la emisión de moneda, incremento de impuestos o endeudamiento externo.
El mandatario calificó las leyes como “populismo legislativo” impulsado por sectores de la oposición con fines meramente electorales, de cara a las legislativas de octubre. Para Milei, “no se puede hipotecar el futuro de la Argentina para ganar votos con medidas irresponsables”.
Los proyectos vetados habían sido aprobados en ambas cámaras con amplio respaldo de la oposición, incluyendo legisladores peronistas, radicales y algunos independientes. Ahora, el Congreso tiene la posibilidad de insistir con una votación de dos tercios en ambas cámaras, lo que requeriría una alianza política poco frecuente en la Argentina actual.
Los sectores más afectados por el veto han reaccionado con preocupación. Organizaciones de jubilados y de personas con discapacidad convocaron movilizaciones y emitieron comunicados en los que denuncian un “abandono institucional” por parte del Gobierno. Señalan que las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir siquiera el costo de una canasta básica, y que los recortes en programas de apoyo agravan la situación de los sectores más vulnerables.
La ley de emergencia en discapacidad también buscaba garantizar el acceso a tratamientos, educación inclusiva y asistencia técnica, en medio de crecientes denuncias sobre demoras y recortes en las prestaciones. El veto a esta norma ha sido considerado por muchas organizaciones como un retroceso en derechos fundamentales.
Desde el oficialismo, voceros han defendido la medida como una expresión de la firmeza del plan económico. Argumentan que las prioridades están en la reducción de la inflación —que cayó por debajo del 2 % mensual por primera vez en tres años— y en la estabilización macroeconómica del país.
Analistas políticos advierten que el veto puede tener un alto costo político para Milei. Si bien su base libertaria celebra la disciplina fiscal, el rechazo a medidas que beneficiaban directamente a jubilados y personas con discapacidad podría erosionar su imagen frente a una parte del electorado que lo apoyó esperando una mejora en sus condiciones de vida.
En medio de un contexto económico aún complejo, con alta pobreza, salarios deprimidos y servicios públicos colapsados, la decisión del presidente podría convertirse en un punto de inflexión. La discusión sobre el rol del Estado, el ajuste fiscal y la protección social vuelve a ocupar el centro del debate público argentino.
Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, lo que está en juego ya no es solo una ley, sino el modelo de país que Argentina quiere seguir.
