Publicado el 10/06/2025 por Administrador
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Una nueva ola de violencia sacude a Colombia. Este martes, el país amaneció con una serie de atentados y enfrentamientos armados que se extendieron desde el suroccidente hasta el noreste del territorio. Las disidencias de las FARC, al mando de Iván Mordisco, y la guerrilla del ELN ejecutaron acciones coordinadas que dejaron al menos cuatro personas muertas, varios heridos y una creciente sensación de desestabilización.
En el departamento del Cauca y en el Valle del Cauca, los ataques tuvieron como objetivo infraestructura policial. En municipios como Caloto, Corinto, Villa Rica, Buenaventura y la propia ciudad de Cali, se registraron al menos trece atentados, varios con explosivos colocados cerca de CAI o estaciones de policía. Dos uniformados murieron: uno alcanzado por un francotirador en Caloto y otro víctima de una explosión en Villa Rica. En Cali, dos civiles fallecieron a causa de los artefactos detonados cerca de puestos policiales.
Las autoridades creen que estos ataques responden a las acciones recientes del Ejército contra campamentos de las disidencias en zonas estratégicas del suroccidente del país. El propio director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, confirmó que se trata de una represalia directa por los golpes que ha recibido la estructura de Mordisco.
Simultáneamente, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, se vive una situación crítica. El ELN impuso un toque de queda que afecta a miles de personas en zonas rurales, en medio de enfrentamientos con facciones de las disidencias de las FARC por el control territorial y de rutas del narcotráfico. La población civil ha quedado atrapada en el fuego cruzado, mientras se reportan desplazamientos forzados y confinamientos masivos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha decretado un estado de conmoción interior en varias zonas y ha ordenado el despliegue de tropas adicionales, unidades élite y operativos de inteligencia. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente para contener la magnitud de los ataques y proteger a las comunidades vulnerables.
Estas acciones armadas ocurren en un momento especialmente delicado para la estrategia gubernamental de “Paz Total”. Mientras algunos grupos guerrilleros aún mantienen mesas de negociación con el Ejecutivo, otros han optado por intensificar la violencia y desafiar la autoridad del Estado mediante el terror.
La ciudadanía, especialmente en regiones como el Cauca, Valle del Cauca y Catatumbo, vive bajo una creciente tensión. Alcaldes y gobernadores han solicitado mayor apoyo logístico, recursos de seguridad y presencia institucional permanente. Para muchos analistas, la ausencia del Estado en amplias zonas del país ha permitido a estos grupos actuar con impunidad y ambición expansiva.
Los atentados del martes no solo fueron un desafío armado, sino también un mensaje político. Buscan sembrar miedo, interrumpir la campaña electoral en curso y deslegitimar el poder institucional. En este contexto, las fuerzas armadas enfrentan la difícil tarea de restablecer el orden sin agravar la situación humanitaria ni dinamitar los frágiles intentos de paz.
Con el país en alerta, la violencia vivida en estas regiones confirma que el conflicto armado colombiano, lejos de menguar, ha entrado en una fase más compleja, híbrida y descentralizada.